SAN DIEGO — Las acusaciones

por crímenes de odio aumentaron más del doble en San Diego en los últimos cinco

años y están en vías este año de exceder el total de 2018, un punto de

referencia preocupante para un delito cuya frecuencia está en aumento y que es

difícil de procesar exitosamente.

En 2018, el Fiscal de

Distrito del Condado de San Diego presentó 30 casos con acusaciones de crímenes

de odio, según muestran datos de la fiscalía. Eso representó un aumento en

relación con los 13 casos de 2014. En total, en los cinco años entre 2014 y

2018, la fiscalía procesó 92 casos con acusaciones de crímenes de odio.

En lo que va de este año,

los fiscales presentaron 15 casos, incluidos dos contra menores, y están bien

encaminados a superar el total de 2018. Uno de esos casos: los cargos de

asesinato, intento de asesinato e incendio provocado presentados contra John T.

Earnest en el ataque del 27 de abril contra la sinagoga Jabad de Poway que

causó la muerte de una persona y heridas a otras tres, y un anterior intento de

incendiar una mezquita de Escondido.

Los fiscales agregaron las

acusaciones de crimen de odio al cargo de asesinato por la muerte de Lori

Gilbert-Kaye, por lo que Earnest es elegible para la pena de muerte si es

sentenciado.

El caso de Earnest es un

ejemplo de alto perfil de la ley de crímenes de odio del estado desplegada en

la corte. Muchos de los casos procesados por los fiscales no son tan bien

conocidos. Una revisión de un puñado de casos presentados el año pasado

encontró una variedad de delitos: agresiones acompañadas de amenazas

intimidatorias, insultos verbales proferidos blandiendo una navaja.

Christopher Olguín enfrentó

a dos personas en un cruce peatonal en Rosecrans Street en el Distrito Midway

el 20 de enero de 2018. Registros del tribunal señalaron que pidió drogas,

luego amenazó a las dos personas con una navaja y habló “de una manera

peyorativa con tintes raciales”.

Olguín tenía un historial de

problemas de salud mental y abuso de sustancias. Pero terminó declarándose

culpable de dos cargos de proferir una amenaza criminal con una navaja y una

acusación de crimen de odio, la cual puede añadir un año a una sentencia de

prisión. Inicialmente fue puesto en libertad condicional, pero le fue revocada

varios meses después y fue enviado a prisión por cinco años.

En otro caso, Ramón Molina

fue sentenciado a tres años de prisión después de lanzar una serie de insultos

raciales a su vecino afroamericano en un edificio de departamentos en Market

Street. El 15 de diciembre de 2017, Molina enfrentó al vecino en el patio del

edificio, lo amenazó con una navaja y dijo que lo mataría.

Molina se declaró culpable

de agresión con arma mortal y una acusación de crimen de odio. Su abogado argumentó

que el incidente fue poco más que “dos vecinos que no se llevaban bien por

varias razones”, y aunque reconoció que se usaron epítetos raciales, dijo que

Molina no era un intolerante.

“Técnicamente este delito

cae bajo la sección de crímenes de odio, pero no se justifica que sea tratado

como un crimen de odio flagrante como se entiende comúnmente para propósitos de

castigo”, argumentó el abogado de Molina en documentos judiciales antes de la

sentencia.

El juez no estuvo de acuerdo

y lo sentenció a tres años en la prisión estatal, incluido uno por un crimen de

odio. Los fiscales señalaron que la víctima se había quejado con la

administración del edificio seis veces en los meses previos por las andanadas

verbales racistas de Molina.

Aunque no tan horrendos como

el ataque a la sinagoga de Earnest, esos casos da una idea de cómo los crímenes

comunes (agresiones, amenazas) pueden ser elevados a crímenes de odio, y son

delitos graves pero de bajo nivel.

Aunque existen crímenes de

odio independientes según la ley estatal, la aplicación más común es a través

de la acusación de crimen de odio, dijeron expertos. Eso significa que los

fiscales deben probar el delito básico de, digamos, agresión, y luego probar

que fue motivado por odio.

La policía responde a e

investiga muchos más crímenes de odio de los que son procesados. Aunque la

Fiscalía de Distrito presentó nueve casos de crímenes de odio en total entre

2015 y 2017, solo la policía de San Diego registró 160 investigaciones de

crímenes de odio en la ciudad en esos años, según mostraron los expedientes.

Un reporte divulgado por el

Auditor Estatal en 2018 destacó el desafío que enfrenta los fiscales. En todo

el estado se reportaron 10,400 crímenes de odio ante las autoridades de 2007 a

2016, y más de 3,000 de esos casos carecían de un sospechoso al cual encausar.

Expertos dijeron que puede

ser difícil encontrar a un perpetrador, o reunir suficiente evidencia sólida

para probar el elemento clave de un cargo de crimen de odio: que el delito fue

motivado por prejuicio contra alguien debido a su raza, religión, género u

orientación sexual.

“El desafío está en la

investigación policial inicial, en encontrar a los sospechosos”, dijo Oscar

García, un ex subfiscal de distrito de San Diego que encabezó la unidad de crímenes

de odio por una década y ahora está jubilado. “Muchos de los sospechosos son

desconocidos para las víctimas. Los crímenes son crímenes de oportunidad. Las

víctimas no los conocen. Es difícil identificar a los perpetradores si es de

noche”.

El reporte del Auditor

Estatal examinó los procesamientos por crímenes de odio entre 2007 y 2016 en

todo el estado, y encontró una tasa de sentencias del 46 por ciento. Eso

contrasta marcadamente con la tasa de sentencias del 84 por ciento para todos

los delitos a nivel estatal en ese mismo periodo. El mismo reporte examinó los

casos de crímenes de odio presentados por los fiscales en los condados de Los

Ángeles, Orange, Stanislaus y San Francisco y encontró que los fiscales

consiguieron sentencias para crímenes básicos mucho más frecuentemente que para

la acusación de crimen de odio en el mismo caso.

Expertos dijeron que la

disparidad es un indicio de que, aun cuando podría ser más fácil probar la

agresión, puede ser más difícil reunir evidencia y convencer a los jurados de

que la agresión fue motivada solo por el odio, dijeron los expertos.

“Es difícil”, dijo Brian

Levin, profesor de derecho y director del Centro para el Estudio del Odio y el

Extremismo en la Universidad Estatal de California en San Bernardino. “Cuando

se tiene que probar la motivación, la evidencia es diferente”.

Históricamente, los crímenes

de odio basado en la raza conforman entre 50 y 60 por ciento de todos los

crímenes de odio, según la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego. Los

crímenes basados en la religión representan alrededor del 20 por ciento de los

casos, y los crímenes basados en la orientación sexual también representan un

20 por ciento.

Los afroamericanos son los

más comúnmente afectados por los ataques basados en la raza, mientras que los

judíos son las víctimas más frecuentes del odio basado en la religión. Los

homosexuales representan entre 80 y 85 por ciento de los crímenes basados en la

orientación sexual, indicó la fiscalía.

De los 30 casos procesados

en el condado de San Diego el año pasado, 22 fueron crímenes basados en la

raza, tres basados en la religión y cinco estuvieron basados en la

animadversión contra la orientación sexual. No hay datos disponibles para años

anteriores.

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